CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS: LA NECESIDAD DE ESTABLECER SINERGIAS


 
Por Tamara Quiroga

Abogada (UCA); Magister en Relaciones Internacionales con orientación en Derecho Internacional y Organismos Internacionales (UBA); Doctoranda en Derecho Internacional (UBA); Asesora en Asuntos Estratégicos en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Miembro Consejo Consultivo Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME); Profesora en Derecho Internacional Público (UCA; UBA); Miembro del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); Ex Investigadora Visitante Max-Planck-Institute for Comparative Public Law and Public International Law(Alemania); Ex Investigadora Visitante Antwerp Universiteit (Bélgica).

 

Introducción


Existe un consenso general acerca de la afirmación que sostiene que los Estados con una alta tasa de corrupción [1] (o una alta percepción de conductas corruptas) son, al mismo tiempo, aquellos que también detentan una situación irregular en materia de protección de derechos humanos.


Más allá de esta (hipotética) coincidencia, este artículo tiene como objeto identificar una relación concreta entre la corrupción y el amparo de los derechos humanos, intentando aportar algunas ideas sobre cómo se relacionan entre sí la agenda de las empresas con relación a los derechos humanos y los esfuerzos anticorrupción. Asimismo, pretende demostrar cómo las medidas para impulsar la práctica empresarial responsable en estas dos dimensiones pueden reforzarse mutuamente.



Esto parece práctico y relevante porque, hasta ahora, las principales normas internacionales vigentes contra la corrupción [2] han tenido sólo un éxito modesto. Su implementación podría mejorarse con la ayuda de argumentos e instrumentos que promuevan la protección de los derechos humanos.




Descripción de ambos tópicos


Las empresas contribuyen a nuestras sociedades, generando innovación, proporcionando empleo y fomentando el crecimiento.


La promoción de conductas empresariales responsables – que incluyan la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos – previene y mitiga los posibles impactos adversos (de acuerdo con los requisitos legales, cuando corresponda) y posibilita alcanzar las expectativas establecidas en marcos reconocidos internacionalmente, tales como aquellas contenidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible; los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable y la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo.

Todas las empresas – sea cual fuera su naturaleza jurídica, objeto, estructura o sector – ostentan una atribución de responsabilidad específica por el rol social que desempeñan. En este contexto, la conducta empresarial responsable evidencia un imperativo consuetudinario que sostiene que aquellas deben integrar, en su desarrollo productivo, aspectos sustentables – sociales y ambientales - acordes al contenido de estándares internacionales, no sólo en relación a sus propias operaciones sino también a través de sus cadenas de suministro (o valor) [3].


Estos estándares internacionales, internalizados en su mayoría a nivel doméstico, ayudan a las empresas a evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, con respecto a los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo [4].


En la actualidad es cada vez más clara la evidencia acerca de las sinergias y complementariedades del marco internacionalmente consensuado de sustentabilidad empresaria, las que les permiten a las organizaciones analizar y contribuir en la resolución de las complejas problemáticas económicas, sociales y ambientales de nuestros días.


El cohecho y la corrupción dañan las instituciones democráticas y el gobierno de las empresas. Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra estas prácticas, teniendo impacto en prácticamente todo el espectro de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por ende, es importante que cumplan con sus obligaciones.


Así, las agendas de ambas temáticas tienen mucho en común. Las prácticas corruptas y los abusos de los derechos humanos comparten numerosas causas fundamentales, ocurren con frecuencia en áreas en las que hay una gobernanza débil y presentan riesgos similares para las empresas (reputacionales, financieros, legales, operativos, entre otros). Además, a menudo existen interrelaciones entre las dos áreas. Sin embargo, si bien las dos agendas existen en paralelo, también tienen diferencias importantes. Los problemas de corrupción y derechos humanos a menudo involucran a diferentes actores, legislaciones, consideraciones regulatorias, estándares y prácticas comerciales [5].


Como resultado, ambas agendas impulsan enfoques gubernamentales y empresariales diferentes (y frecuentemente aislados) para comprender y responder a estos desafíos sociales significativos y potencialmente interrelacionados. A medida que aumenta la experiencia de las empresas con estándares globales ampliamente reconocidos sobre conducta empresarial responsable y derechos humanos, existe un creciente reconocimiento del valor potencial de un enfoque más coordinado de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos cuando sea apropiado [6].


Empíricamente se podría demostrar que los países con altos índices de corrupción - o altos niveles de percepción de corrupción - son también los países con un historial deficiente en materia de protección de derechos humanos. Por ejemplo, los países al final de la lista más reciente de los ciento ochenta (180) clasificados por Transparencia Internacional en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, son Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. Podría afirmarse (hipotéticamente) que la corrupción y las violaciones de los derechos humanos prosperan en los mismos entornos. La pregunta ahora es si se puede identificar un nexo particular más allá de esta coincidencia de corrupción y protección inadecuada de los derechos humanos [7].